El problema es de impunidad y cáncer terminal institucional, la profunda ineptitud y mala leche de un gobierno que crea y protege una clase de delicuentes con nombramiento y charola que chupan los recursos de todos.
Les comparto esta columna:
En los últimos días al Congreso de la Unión le dio un ataque agudo de diarrea legislativa. Después de que nuestros senadores y diputados se la pasaron sin hacer gran cosa durante el periodo de sesiones que concluirá con el mes, decidieron aprobar al vapor, mediante el método fast track, iniciativas que exigían de una mayor discusión dentro y fuera de ambas cámaras legislativas.
Algunas de las iniciativas aprobadas tanto por los plenos o por las distintas comisiones de los diputados o de los senadores, son absurdas, ridículas e irrisorias. Parece ser que los 628 hombres y mujeres que fueron electos para legislar creen que su trabajo consiste en aprobar sin ton ni son nuevas leyes o reformar a las ya existentes.
Por ejemplo, se anunció que después de una discusión de casi cuatro años, el Senado aprobó una reforma a la Ley General de Educación para combatir la obesidad. Esta reforma ordena a las escuelas públicas y privadas con autorización o con reconocimiento de validez oficial, a fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte. En vista de que esta reforma ya había sido aprobada por los diputados, en 2007, fue enviada al Presidente para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación y así entre en vigor.
Me pregunto si realmente era necesaria esta reforma. ¿No se supone que el sistema educativo nacional estimula la práctica del deporte desde hace años? ¿No establece el Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la Secretaría de Educación Pública le corresponde, entre otras cosas: “Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal”? Es más, si mal no recuerdo, existió alguna vez una Subsecretaría del Deporte dentro de la Secretaría de Educación Pública y está vigente una Ley General de Cultura Física y Deporte que tiene entre sus objetivos la de “Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones.” ¿Es necesario, que por ley las escuelas deban “fomentar la educación en materia de nutrición”? ¿Esta reforma a la ley significa que mañana los legisladores podrán de nuevo transformarla para ordenarle a las escuelas a que dejen de promover la enseñanza de la teoría de la evolución para promover la teoría creacionista, o que ordenen promover la enseñanza de cierta ciencia sobre otra? ¡Mal andamos como País cuando la ley priva sobre el sentido común!
Desde que tengo uso de razón he escuchado a nuestros gobernantes, pertenezcan al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, presumir que “México es un país de leyes”. Y tienen razón. En el sitio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (www.juridicas.unam.mx) pueden leerse los textos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 266 leyes, códigos, estatutos y ordenanzas federales. Entre ellas: Ley de Ciencia y Tecnología, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley a favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, Ley Federal de Cinematografía, Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General para la Igualdad entre Hombre y Mujeres, Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la Fracción XXXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahí están las leyes. ¿Se aplican? Pese a ellas, ¿se ha desarrollado en México la ciencia y tecnología? ¿El sector rural y la caña de azúcar se han desarrollado sustentablemente? ¿Estamos realmente protegidos los usuarios de los voraces proveedores de los servicios financieros? ¿Se acuerda alguien de los veteranos de la Revolución? ¿Es exitosa la industria cinematográfica? ¿Viven las mujeres sin violencia? ¿Hay igualdad entre hombres y mujeres? ¿Han disminuido los secuestros pese a la flamante ley? La respuesta a estas preguntas es un rotundo no pese a las leyes en la materia que existen.
Muchas leyes. País de leyes.
No necesitamos más leyes. Con las que hay tenemos. Si algún día se respetaran y se hicieran cumplir tal vez México sería un País diferente.
Eduardo Ruiz-Healy
Fuente.
columna eduardo ruiz healy el imparcial méxico país de leyes impunidad injusticia
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